Chile vive por estos días un esperanzador proceso de despertar democrático. Por más de tres meses hemos asistido a la movilización estudiantil de mayor masividad y apoyo ciudadano desde la vuelta a la democracia. Esta movilización exige la refundación del sistema educacional chileno, interpelando a la vez, tanto el pacto social como el pacto político-institucional del país.
La vergonzosa distribución del ingreso y desigualdad social, perpetuadas por el sistema educacional impuesto en dictadura y mantenido en democracia; el grave déficit de representatividad y participación asociado al sistema político; la incapacidad de la Constitución vigente de dar cuenta del desarrollo de Chile; son sólo algunas de las expresiones de la crisis que los estudiantes han catalizado y dejado en evidencia.
Por desgracia, ante el trascendental desafío que significa hacerse cargo de estas demandas, el Gobierno ha caído en un lenguaje provocador y vejatorio. Las declaraciones de diversos secretarios de Estado (Interior, Salud, Trabajo), las de los Alcaldes de Santiago y Providencia, las del Intendente del Biobío, las de Carabineros, o las de los más altos dirigentes del Partido del Presidente de la República, contrastan dramáticamente con la convocatoria pacífica y ciudadana de los dirigentes estudiantiles, y con la seriedad y justeza de sus contenidos.
En este contexto es que manifestamos nuestra pública preocupación por la integridad física de todos los dirigentes estudiantiles, secundarios y universitarios, y en especial de la Presidenta de la FECH, Camila Vallejo. Ella ha sido víctima de constantes amenazas públicas y privadas, las que se han visto alentadas por la irresponsable intención del gobierno y sus partidos políticos de señalar en Camila el obstáculo para una solución al conflicto. El poder delegado por la ciudadanía en las autoridades de una democracia no puede ser usado para denostar y perseguir a ciudadanos y líderes sociales. Condenamos enérgicamente toda manifestación de violencia venga de donde venga, y en particular aquella institucionalizada en la acción del Estado, sus autoridades y fuerzas del orden.
El hecho más trágico, y sin duda de extrema gravedad, ha sido el reciente asesinato de Manuel Gutiérrez Reinoso, estudiante de tan solo 16 años. Es de extrema gravedad y totalmente inaceptable que mientras el testimonio de su familia involucraba a Carabineros de Chile en los hechos, la institución descartara siquiera llevar a cabo una investigación interna, y más aún, que el Gobierno no la exigiese.
Exigimos al Gobierno poner fin a esta institucionalización de la violencia, empezando por su propio lenguaje. Exigimos terminar con la peligrosa personificación y estigmatización de las organizaciones sociales. Exigimos taxativamente el esclarecimiento de la muerte de Manuel Gutiérrez Reinoso, que las autoridades pertinentes asuman sus responsabilidades políticas y que el Gobierno se haga parte en la querella contra su o sus asesinos.
Por último, al igual que millones de chilenos hoy, invitamos al Gobierno a abandonar el camino de la represión, a escuchar a la ciudadanía y a hacer de esta crisis una oportunidad de desarrollo para Chile. Lo instamos a abrirse tanto a un diálogo de verdad -que en lo inmediato permita aprovechar las instancias de reunión acordadas entre los actores movilizados y el Presidente-, como a reformas de fondo que hagan de Chile un país más justo y más democrático.
Suscriben esta declaración los ex presidentes de la Fech: Alejandro Rojas (70-73), Yerko Ljubetic (84-85), Manuel Inostroza (90-91), Rodrigo Roco (95-97), Marisol Prado (97-98), Iván Mlynarz (98-99, 00-01), Álvaro Cabrera (99-00), Rodrigo Bustos (01-02), Julio Lira (02-03), Felipe Melo (04-05), Nicolás Grau (05-06), Giorgio Boccardo (06-07) Jaime Zamorano (07-08), Federico Huneeus (08-09), Julio Sarmiento (09-10).
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